14 de Marzo de 2026
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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el sobreseimiento del presidente Javier Milei en la causa por presuntas injurias iniciada por el periodista Jorge Fontevecchia.
El fallo, firmado por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, ratificó que las declaraciones del mandatario se encuentran dentro del marco de la libertad de expresión en el debate político.
Sin embargo, desde el entorno del director de Editorial Perfil anticiparon que apelarán el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando supuestos “defectos jurídicos” en la sentencia.
El origen del conflicto
La denuncia surgió luego de que Milei criticara duramente a Fontevecchia en distintas apariciones públicas.
En febrero de 2023, durante una entrevista con Viviana Canosa, el entonces diputado libertario lo calificó como “quebrador serial” y lo incluyó dentro de lo que definió como “la casta que vive de la pauta oficial”.
Meses después, ya como presidente, volvió a referirse al empresario periodístico durante el programa de streaming Multiverso Fantino, donde ironizó sobre la situación económica del grupo editorial.
Para la Justicia, esas declaraciones forman parte del debate político y mediático propio de una democracia, especialmente cuando involucran a figuras públicas con fuerte exposición.
Libertad de expresión en el centro del debate
El fallo vuelve a poner sobre la mesa un tema clave en la Argentina actual: los límites entre la crítica política y las denuncias por injurias.
Mientras la Justicia ya falló en dos instancias a favor del Presidente, la decisión de Fontevecchia de acudir a la Corte abre un nuevo capítulo en una disputa que mezcla política, medios y libertad de expresión.
Una discusión que excede a dos protagonistas
En el fondo, el caso refleja una tensión creciente entre el nuevo escenario político que impulsa Javier Milei y sectores del periodismo tradicional que durante años tuvieron fuerte influencia en la agenda pública.
Ahora la última palabra podría quedar en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso que vuelve a poner en discusión el alcance de la libertad para criticar a los medios y al poder en la Argentina.
